Creo que es muy fácil responder a esta pregunta hablando de deshonestidad. La mayoría de la gente responderá a esto hablando de ello y juzgando desde su muy particular punto y «honesto» punto de vista. Decidí en esta ocasión ser objetivo y un poco más justo con el actual gobierno (dándole el beneficio de la duda sobre sus buenos propósitos).

Hace ya tiempo escribí una primera entrada sobre este tema de una serie que ya no continué y la respuesta que di giró entorno a lo que en aquel entonces escribí y continuo creyendo. Empecé tomando un aspecto del espectro de problemas que cubren este problema de la corrupción y puse de ejemplo el asunto de las licitaciones, vistas como algo corruptible y factibles de ser sesgadas mediante sobornos. La respuesta de la actual administración fue retomar adjudicaciones directas bajo el pretexto de que quien las determina es honesto. Pero, ¿podemos estar seguro de ello? ¿Qué pasa si quien recibe los contratos es un amigo de quien los otorga? Aunque ambos sean honestos y actúen de buena fe (cobrando lo justo y entregando lo contratado), ¿favorecer a un amigo en lugar de otros que participen en una competencia justa, no es incurrir en corrupción? Considero que el sentido común y la vox populli se inclinarán a estar de acuerdo conmigo que, sin importar las buenas intenciones y buenos resultados, las adjudicaciones directas son mucho más propensas a ser corrompidas y siempre habrá dudas sobre los «justos» criterios de otorgamiento (sin mencionar que se impide a otros participar y hay un claro favoritismo en el proceso) que nos llevarán a etiquetar de «corrupto» y «corrupción» a todo el asunto.

Mi respuesta buscaba a) señalar que el asunto no es tan sencillo de señalarlo y etiquetarlo, lo que parece justo a los ojos de uno puede ser corrupto a los ojos de otro, y lo que parece corrupto a los ojos de uno puede ser sólo algo que no es perfecto (pero que puede ser lo mejor a lo que podría aspirarse en un sistema político-económico-social que no es perfecto y que está conformado por seres imperfectos; y b) que se trata de un problema cultural que difícilmente puede ser resuelto en un sexenio, menos de «la noche a la mañana».

Al respecto de este último punto, le explicaba a mi hijo que México posee una cultura que no tiene ese concepto de honor del que sabemos otras lo tienen y en las que evitar las prácticas y actitudes deshonrosas es algo que guía la conducta del individuo (tanto para él como el efecto que tendrá con quienes tiene cercanía y relaciones). Nos movemos una cultura que premia y favorece «el que no tranza no avanza», una cultura que antepone el bienestar individual sobre el bien común. Y eso no pueden cambiarlo los políticos en turno. La sociedad debe ser quien haga el cambio educando sobre bases concretas de conducta a las nuevas generaciones que, para cuando llegue su turno de tener en sus manos el control del país, tengan una consciencia que las guíe para actuar de forma correcta en lo que debe ser el bienestar de la generaciones que les sucederán. Por lo que puede verse es un proceso (que más de transformación es de sanación) que tomará al menos dos generaciones para ver resultados (al menos, más de 50 años).