Siempre he dicho que el menos común de los sentidos en la política y los servidores públicos es el sentido común. ¿Por qué? Porque las acciones y declaraciones que hacen quienes fungen en estas áreas parecen tontas, carentes de sentido, ridículas, absurdas o inviables.

El día de hoy me he topado con una nota en el Excelsior en la que, según redacta su autor, un diputado del PAN  presentó una iniciativa a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) para castigar con penas de uno a tres años de prisión a quien solicite o contrate sexoservicios fuera de las zonas autorizadas por las autoridades capitalinas. Según dice la nota también, la iniciativa es para controlar la proliferación del oficio más antiguo del mundo, ya que prohibirla o atacar la oferta no resolvería nada.

Ya de entrada, el hecho de que haya zonas en las que esta actividad esté permitida o que existan establecimientos autorizados para ejercer la prostitución suena contradictorio. Es bien sabido que la prostitución ha sido un problema de salud pública desde tiempos inmemoriales y, aún con el conocimiento de salud e higiene de nuestros días, continua siendo un problema.  Por qué está tolerada o permitida para ciertas zonas o establecimientos es algo que imagino viene de los problemas de empleo, a que hay demanda y de que, al final, debe resultar lucrativa para quienes la ejercen y quienes seguramente han ejercido cierta presión a o se han coludido con las autoridades para permitirles practicarla. Estas últimas han debido ceder por no poder ofrecer algo a cambio de su prohibición.

Pero, si bien esto último no es una solución sino una forma de postergar la búsqueda de ésta (con la esperanza de que algún día pudieran existir las condiciones necesarias para que al prohibirla puedan ofrecer una verdadera alternativa de empleo a sus practicantes), el que se presenten este tipo de iniciativas tiene el riesgo de que se puedan aprobar, con lo que se legitimaría y perpetuaría aún más la existencia de zonas y comercios donde se practica y con lo que terminaría arraigándose aún más. Esto sólo dificultaría aún más que con el tiempo pueda ofrecerse una solución al problema de llegarse a dar las condiciones necesarias para poder restringirla y así proceder con su prohibición. Si esta iniciativa prospera y se convierte en ley, no servirá para regular el problema de la prostitución (y menos como se aplican las leyes en este país) y si servirá para darles elementos de extorsión a policías y otros servidores públicos. Adicionalmente, al menos como la nota está redactada, parece que la sanción es sólo para el cliente y no para quien se ofrece.

Yo creo que la iniciativa no prosperará (por lo que ya expuse de legitimar algo que se ha buscado eliminar) para evitar dar un mayor status y arraigo a las zonas y comercios en las que se ha tolerado, con todo lo que ello traería sobre la «trata de personas», explotación y mafias a su alrededor.

Rerefencias

1. Jessica Castillejos, «Piden cárcel para los clientes»,  Excelsior, Comunidad, pág. 2. Año XCV-Tomo IV, número 34272, México, D.F.; Miércoles 6 de julio de 2011.