Hoy recibí un correo sobre el tema de la Declaración Patrimonial que, por ley, estoy obligado a presentar por ser empleado federal adscrito al IPN. Como en mucho de estos procesos, se nos dice en un inicio que es un obligación y se nos recita todo el fundamento legal. En muchos de ellos también se nos dice que es privado y no se nos debe pedir prueba de cumplimiento (aunque por ley uno debe conservar las evidencias y sólo los Órganos Internos de Control (OIC) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), tienen la facultad de revisar y solicitar esta documentación para asegurar el cumplimiento de las normativas y detectar posibles irregularidades). La actitud laxa con la que inician siempre estos procesos nos llevan a pensar que si uno lo hace, bueno, pero si no, pues no debe haber problema por parte del empleador o de la autoridad correspondiente por aplicar la correspondiente sanción. Pero, es siempre en esto último donde les tiembla la mano. Por lo que a los pocos días de cumplir el plazo, empiezan a llegar los correos recordatorios (o hasta intimidatorios) al respecto.

En Banamex tenía que pasar varios «attestations» al año, dar fe de entendimiento de ciertas políticas o regulaciones, o cumplir con algún tipo de renovación de … cualquier cosa (deberían ver las ridiculeces que algunos departamentos se inventaban para justificar su existencia). Pero incluso dentro de esta empresa, de la iniciativa privada y cuyos procesos internos no deberían ser motivos de un hostigamiento por cumplirlos como si fuera algo mandatorio de una autoridad gubernamental, empezaba el perseguimiento desde el mayor nivel directivo, bajando por el organigrama, por que todos lo cumplieran y no quedara nadie sin hacerlos. Las omisiones eran vistas como una falta del empleado pero subían en el organigrama dejando al responsable de de cada rama «mal parado» y siendo expuesto como omiso. Para muchas de estas cosas se nos decía que no nos podían pedir evidencias o comprobantes de cumplimiento pero para que el jefe no quedara omiso y llevara un control de quien sí y quien no, se exigían las evidencias.

Así el correo recibido. Por una parte, señala la cordial invitación para que se cumpla a la brevedad con la obligación ya mencionada a efecto de cumplir con una meta de cero omisiones más que la normatividad. Adicionalmente, solicita que el acuse del sistema sea enviado a un buzón (pese a que, como ya dije, se nos indica que es una obligación personal que no implica el pedir evidencias de ello; aunque en mi unidad de adscripción desde el inicio del periodo de la presentación se nos proporcionó un buzón para ello). El correo proviene del director de Capital Humano del IPN, quien seguramente quiere quedar «bien parado» con esa meta y también proporciona un buzón para enviar la evidencia. Después siguen las amenazas, pues no hay más indicaciones de la normatividad y de las sanciones que su omisión conllevan, simplemente viene la letanía de la extemporalidad, que no habrá prórroga y el que uno sea considerado como omiso de no presentarlo. Para finalmente despedirse señalando que quien ya cumplió haga caso omiso del correo. Digo, si en un inicio piden enviar el acuse del sistema al buzón indicado pero al final dicen que no hagamos caso de la solicitud, ¿no es una enorme contradicción? ¿Cómo podrán dar seguimiento al cumplimiento si no todos envían sus evidencias? No leo en alguna parte que la invitación a cumplir sea sólo para quienes no lo han hecho y que el envío de la evidencia sea para ellos. Es una invitación general y así una solicitud general. Escribir al final la excepción es una contradicción que termina confundiendo a más de uno.