En fin, el problema es muy complejo. Aunque fuera posible solucionarlo por decreto no es posible aplicarlo, ya que nos hemos dado a la tarea de ser tolerantes, tratar de no afectar a los demás (aún y cuando un bien común supere molestias o desventajas que puedan sufrir algunas minorías— y, no sé, de este tipo de actitud siempre yo he culpado a Juárez, con eso de su «respeto al derecho ajeno es la paz», yo creo que marcó nuestra cultura de una forma negativa; ya otros lo han dicho «la historia la escriben los vencedores»).

Es claro que no se les puede dar gustos a todos y que, en caso de que alguien resulte afectado, compensárselo puede ser una mejor opción en lugar de posponer un cambio que beneficiará a toda una mayoría. Desafortunadamente, nuestra cultura no cuenta con un concepto de «honor», bajo el cual pudiéramos estar seguros que no se buscaría hacer abuso de cualquier esquema de compensación. Así, tendemos a desconfiar de los demás y antes de liberar algo buscamos ponerle «candados» a dicho mecanismo (trámite) compensatorio. El sentido común indica que esto es por seguridad pero, en la realidad resulta que lo vuelven tan difícil de aplicar que termina desalentando a quien está destinado (el abusador, con un propósito de por medio y no tendiendo otra cosa que hacer, no parará hasta obtener lo que busca). Así, al final se reportará que el trámite tuvo poca demanda, éxito o aceptación y la autoridad dirá que lo retira por verlo como innecesario. Así continua el dialelo.